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Las calles de la gran ciudad de Colombia están llenas de vendedores ambulantes que te ofrecen cualquier cosa, desde chicle a un solo cigarrillo o minutos de teléfono móvil prepago. Caminando por las calles de Bogotá durante las primeras semanas de 2017, también podrías comprar un pequeño folleto detallando el nuevo código de conducta pública. Por primera vez en más de dos décadas, el gobierno ha actualizado el código que ahora incluye importantes multas por delitos como el vagabundeo y el cruzar la calle imprudentemente.
Esta nueva realidad para el colombiano medio contrasta fuertemente con la corrupción política que actualmente impregna el gobierno, por lo que no son sólo los colombianos medios los que necesitan revisar su código de conducta pública. Hoy en día, los escándalos de corrupción internacional como los que se revelan en los Documentos de Panamá han manchado la reputación y la credibilidad de las más altas esferas de la clase política colombiana.
La corrupción es una cuestión urgente que debe abordarse si Colombia espera que la actual aplicación del tratado de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tenga éxito en el logro de una paz duradera y una democracia robusta.
Las fuerzas oscuras y el dinero sucio
Para muchos observadores, e incluso algunas figuras políticas, la aplicación y ejecución del acuerdo de paz representaría el fin del dinero sucio y de las fuerzas oscuras de la sociedad civil y la política en Colombia. Sin embargo, a medida que el polvo del conflicto civil armado y de la guerra fratricida comienza a asentarse por primera vez en medio siglo, Colombia debe hacer frente al pantano de corrupción que se ha ido extendiendo silenciosamente dentro de las principales instituciones del país.
Los recientes escándalos de corrupción en toda América Latina han puesto de relieve la importancia de una prensa libre y robusta, así como las debilidades sistémicas y la falta de transparencia de las instituciones democráticas de Colombia. Por ejemplo, a lo largo de las dos últimas décadas, se estima que el gigante brasileño de la construcción, Odebrecht, pagó unos 800 millones de dólares en sobornos políticos en una docena de países para asegurar la construcción de proyectos públicos.
Otra fuente importante de controversias sobre la corrupción en Colombia es la empresa petrolera estatal, Ecopetrol. Por ejemplo, hace una década, Ecopetrol comenzó la construcción del ambicioso proyecto Reficar para construir la refinería de petróleo más grande de Sudamérica en la ciudad costera de Cartagena. Hoy en día, el proyecto aún no se ha terminado, ha superado el presupuesto en 4.000 millones de dólares y las investigaciones en curso apuntan a un fraude de contratación masiva, que posiblemente implique al gabinete ministerial.
Es trágico que las FARC hayan intentado avanzar en su agenda política por medios violentos durante más de cincuenta años. Sin embargo, el nivel de corrupción sistémica descubierta pone en perspectiva otros temas profundos que enfrenta el país. Además, la dependencia de las prácticas corruptas de los principales políticos y partidos políticos de Colombia será un grave impedimento para la aplicación satisfactoria del tratado de paz con las guerrillas de las FARC.
Como parte del tratado de paz con el gobierno nacional, las FARC se disponen a hacer la transición a una formación política democrática -un partido político de las FARC, que aún no se ha formado oficialmente- con representación en el Congreso y participación en la política electoral. Esto ha provocado un debate polémico dentro de Colombia dado que el partido de las FARC tiene garantizado un número de escaños en el Congreso nacional durante los dos próximos períodos electorales mientras completa su transición a la política nacional. Aunque algunos políticos sostienen que esta medida es necesaria para que las FARC se conviertan con éxito en un movimiento político no violento, los que se oponen al tratado de paz afirman que esa concesión a las FARC es demasiado generosa y antidemocrática.
Ventajas injustas
No obstante, dada su naturaleza extremadamente polarizante, el eventual partido de las FARC será sometido a normas más estrictas y a un mayor escrutinio en términos de transparencia y financiación que los actores políticos tradicionales de Colombia. La libertad con la que las principales formaciones políticas de Colombia utilizan el dinero sucio para financiar sus campañas y mantener en funcionamiento su maquinaria electoral es vergonzosamente evidente para todos los sectores de la sociedad civil.
Después de semanas de crecientes presiones y revelaciones públicas, el Presidente y Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos hizo una declaración pública el 14 de marzo de 2017, reconociendo la presencia de financiación ilegal durante su campaña presidencial de 2010. El Presidente Santos declaró que no tenía conocimiento de dicha financiación en ese momento y pidió que se castigara a los responsables.
El desigual campo de juego que existirá entre las FARC y los principales partidos de Colombia podría poner en peligro el buen funcionamiento de la transición democrática acordada en el acuerdo de paz. La transición ordena que todos los guerrilleros se reúnan en campamentos específicos en todo el país para entregar sus armas y comenzar la reintegración a la vida civil, todo ello bajo la supervisión de las Naciones Unidas.
Simultáneamente, los funcionarios de mediano y alto nivel de las FARC pasarán por un proceso judicial especial en el que confesarán sus actividades ilegales a cambio de sentencias más cortas y alternativas. Por último, el partido de las FARC se compromete a participar en la política de forma no violenta sin la financiación adquirida a través de la actividad ilegal, bajo la supervisión de las autoridades nacionales competentes. En este sentido, las prácticas corruptas que forman parte de la maquinaria de los principales partidos políticos representarán una ventaja injusta sobre el partido de las FARC y podrían dar a las FARC una razón legítima para denunciar al gobierno, lo que podría socavar la propia paz negociada.
Si no se erradica la corrupción para nivelar el campo de juego político, el proceso democrático sistemáticamente defectuoso destruirá cualquier perspectiva de una paz duradera. Aunque unos 6.000 miembros de la guerrilla ya se han desmovilizado como parte de la aplicación del tratado de paz, varios miembros están desertando y cubriendo su posición manteniéndose en el lugar mientras el proceso evoluciona. Algunos de ellos son elementos de las FARC involucrados en actividades económicas ilegales que podrían fácilmente transformarse en actores no estatales financiados por las drogas. Incluyen la columna móvil de Daniel Aldana y la columna de Teófilo Forero, así como el Frente 48 y el Frente 57.
