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Los conflictos por la tierra en Colombia probablemente aumentarán tras el acuerdo de paz que pone fin a medio siglo de guerra, ya que las zonas que antes estaban vedadas en el país andino se abren a los negocios y a los proyectos de desarrollo, según los expertos en derechos de la tierra.
El gobierno y los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tienen previsto firmar el lunes un acuerdo de paz para poner fin al conflicto más largo de América Latina, que ha matado a 200.000 personas.
Levantamiento
La guerra, que comenzó como un levantamiento de los rebeldes de inspiración marxista por la desigual distribución de la tierra, ha obligado a casi 7 millones de personas -muchos de ellos campesinos pobres- a abandonar sus hogares, dejando a Colombia con una de las mayores poblaciones desplazadas del mundo.
El acuerdo de paz se compromete a abordar la distribución desigual de la tierra, a reducir la brecha entre el campo y la ciudad y a fomentar el desarrollo en las zonas rurales desatendidas y duramente golpeadas por la violencia.
Según el acuerdo, los campesinos sin tierra y desplazados tendrán derecho a créditos y tierras de cultivo a través de un banco de tierras que pretende redistribuir 7 millones de hectáreas de tierra en la próxima década.
Luis Fernando Arias, director de la Organización Nacional Indígena de Colombia, dijo que los grupos indígenas votarán a favor del acuerdo de paz en un plebiscito que se celebrará el 2 de octubre y que, según las últimas encuestas, será aprobado, lo que allanará el camino para la desmovilización de 7.000 combatientes de las FARC.
Sin embargo, expresó su preocupación de que la paz envíe a más empresas petroleras y mineras a las fronteras inexploradas de Colombia y a las zonas selváticas, especialmente en los antiguos bastiones rebeldes del sur.
«Hay mucho territorio en Colombia al que las multinacionales no han llegado por la presencia de las FARC», dijo Arias a la Fundación Thomson Reuters en una entrevista telefónica.
«Ahora, con la desaparición de las FARC, llegarán sin esas preocupaciones de seguridad».
Las comunidades indígenas y afrocolombianas dicen que las empresas que operan en el cuarto productor de petróleo de América Latina a menudo no han consultado adecuadamente con ellos sobre los proyectos en sus tierras, que amenazan sus recursos hídricos y el medio ambiente.
«Nos vamos a enfrentar a más presiones de las multinacionales y a grandes proyectos del gobierno que quieren explotar nuestras tierras. Hay grandes intereses económicos en juego», dijo Arias.
«Sabemos que el conflicto será ahora en términos de conflictos sociales y medioambientales».
Vacio de poder
Según el acuerdo, las FARC entregarán las armas y se convertirán en un partido político.
Pero esto deja la puerta abierta para que otros grupos criminales organizados implicados en el narcotráfico y la minería ilegal, junto con otro grupo rebelde -el Ejército de Liberación Nacional (ELN)- sustituyan a las FARC y se disputen el botín, según los analistas.
«Está claro que los conflictos por la tierra continuarán en Colombia», dijo Carlos Guevara, coordinador de We Are Defenders, un grupo con sede en Bogotá que hace campaña para proteger a los activistas de derechos humanos.
En lo que va de año, 51 activistas de la tierra y del medio ambiente han sido asesinados en Colombia, muchos de ellos a manos de pistoleros no identificados, dijo.
El gobierno afirma que actuará con rapidez para tratar de impedir que otras bandas criminales amplíen sus operaciones.
Otro factor que alimenta las disputas por la tierra es la falta de un sistema adecuado de registro de tierras, según Daniel Páez, director del grupo de Estudios de Sostenibilidad Urbana y Regional de la Universidad de los Andes de Colombia.
«El gobierno no tiene la capacidad de desarrollar el banco de tierras porque no sabe quién es el dueño de la tierra y quién está en ella. Nos hemos adelantado», dijo Páez.
