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Tras un avance en las negociaciones con la guerrilla de las FARC el miércoles, el presidente Juan Manuel Santos sugirió que la paz en Colombia estaba más cerca que nunca. Pero aunque se firme un acuerdo, quedará pendiente la tarea de asumir los efectos psicológicos de un conflicto que dura décadas. El economista colombiano Andrés Moya está estudiando lo que esto podría significar para el futuro social y económico del país. Habló con AQ un día después del anuncio de Santos sobre los retos de la implementación de la paz en un país que todavía tiene que lidiar con las cicatrices emocionales de la violencia.
Americas Quarterly: Usted estudia los efectos psicológicos del conflicto en Colombia. ¿Por qué?
Andrés Moya: Colombia ha sido devastada por más de 50 años de conflicto, pero hasta hace poco no habíamos querido analizar realmente lo que eso nos ha hecho psicológicamente. Las consecuencias psicológicas de la violencia son, por supuesto, importantes por sí mismas, pero también dejan un legado de pobreza crónica. Los datos de la reciente Encuesta Nacional de Salud indican que al menos el 10% de los adultos tienen síntomas de trauma psicológico, incluyendo el trastorno de estrés postraumático, los trastornos de ansiedad y la depresión mayor. Y cuando se analiza a las víctimas, los niveles están por encima de lo normal: el 30-35 por ciento de la población desplazada tiene síntomas de trastornos de ansiedad y depresión.
AQ: ¿Y cree que eso afecta a su comportamiento económico?
Moya: Hay muchas investigaciones sobre el impacto de la violencia en la economía… El 60% de la población desplazada está por debajo del umbral oficial de pobreza y el 40% está por debajo del umbral de pobreza extrema. Y nuestra investigación muestra que esas víctimas no son capaces de recuperarse con el tiempo, que los niveles de pobreza persisten. Esto puede explicarse en parte porque el desplazamiento y la violencia imponen graves pérdidas de activos. Pero puede haber una trampa de pobreza conductual. Los trastornos de ansiedad y depresión llevan a la población a ser mucho más reacia al riesgo y también más pesimista y desesperanzada sobre sus posibilidades de recuperación. Estas consecuencias conductuales de la violencia son importantes porque afectan a las decisiones cotidianas, como invertir en una nueva tecnología, plantar un nuevo cultivo, pedir un crédito, enviar a los niños a la escuela y emprender un negocio. Todas ellas tienen ciertos costes a corto plazo y rendimientos futuros inciertos. Así que los niveles más altos de aversión al riesgo y pesimismo dificultan estas inversiones productivas y pueden condenar a la población a la pobreza.
AQ: Su investigación también muestra un impacto preocupante en los niños.
Moya: De los 7 millones de víctimas oficialmente reconocidas, 800.000 tienen menos de cinco años. Los datos de la Encuesta Nacional de Salud muestran que entre el 60 y el 70 por ciento de los niños desplazados (los que vivieron el desplazamiento o nacieron en un hogar desplazado) tienen algún tipo de afectación psicológica. Esto tiene un efecto adverso en todo, desde la escolarización hasta la participación en actividades ilícitas, el abuso de drogas, el embarazo adolescente y también las futuras oportunidades de ingresos y empleo. En lo que respecta a la primera infancia, nuestras investigaciones ponen de manifiesto grandes lagunas en el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños que viven en regiones en conflicto. Esto es preocupante, porque la adversidad y el estrés durante la primera infancia pueden comprometer el futuro de estos niños y dejar un legado de pobreza.
AQ: ¿Qué se está haciendo para afrontar este coste psicológico del conflicto?
Moya: Nuestro país invierte una cantidad comparativamente baja de recursos como parte del presupuesto para la salud mental, lo cual es bastante angustiante para un país que ha estado inmerso en el conflicto durante 51 años. Como aspecto positivo, los organismos gubernamentales tienen una asistencia integral bastante bien establecida para los agresores que incluye asesoramiento psicológico. Sin embargo, para las víctimas, casi todas las intervenciones se centran en las pérdidas materiales y socioeconómicas, y muy pocas en la asistencia psicológica. Y para los niños, en general, no hay nada. Por eso, en la Universidad de los Andes estamos liderando una intervención psicosocial grupal llamada Semillas de Apego, que busca proteger a la primera infancia en el contexto de la violencia y el desplazamiento. Actualmente estamos en la etapa piloto y pensamos ampliarla en los próximos dos años.
AQ: ¿Qué más hay que hacer?
Moya: Sensibilizar a las víctimas y a la población en general sobre el alcance del trauma psicológico sería un comienzo. También hay que destinar más fondos al diseño, implementación y evaluación de la asistencia psicológica y psicosocial a las víctimas. A medida que se disponga de más datos, quedará muy claro que necesitamos destinar más recursos a la salud mental. Cuando empecemos a financiar más programas, tendremos que pensar en la evaluación para ver qué funciona y qué no. Esto es algo que hemos descuidado en Colombia durante mucho tiempo y es una de las cicatrices más públicas y visibles que ha generado el conflicto.
AQ: ¿Un eventual acuerdo de paz permitirá a los colombianos sanar las heridas dejadas por el conflicto?
Moya: Creo que es un buen paso en la dirección correcta, que va a crear espacios para hablar de lo que pasó, no con rencores sino en términos de perdón y reconciliación. Pero creo que es sólo un paso. Si creemos que el acuerdo real va a cambiar las cosas por sí mismo, es ser muy ingenuo. Son tiempos muy emocionantes, pero tenemos que ser muy cautelosos con lo que hacemos para intentar promover esta recuperación y empezar a devolver al país para construir realmente esta paz juntos.
