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La guerra civil de Colombia está finalmente terminando. En los últimos 51 años, ha matado a más de 250.000 personas y ha desplazado a más de cinco millones. Ha causado estragos en la economía rural y en el medio ambiente.
Pero ahora, tras cuatro años de difíciles conversaciones en La Habana (Cuba) entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el país está al borde de la paz.
¿Por qué la paz ha sido tan esquiva durante más de medio siglo? ¿Qué tiene el momento actual que ha permitido este avance?
La respuesta, diría yo, está en la historia socioeconómica de Colombia. Parafraseando el eslogan de los años 70, hay que «seguir el dinero».
Un «cómodo impasse»: 1964-1999
Durante décadas, la situación política en Colombia estuvo en un punto muerto por la sencilla razón de que los principales actores -la poderosa élite empresarial y política y los insurgentes- pudieron coexistir y crecer a pesar de las incomodidades de una guerra civil asimétrica de bajo nivel.
Por un lado, la élite dominante residía en las principales ciudades y disfrutaba de la protección del Estado, defendiendo sus negocios junto a lo que se consideraban los recursos estratégicos del país: el petróleo y el carbón. La riqueza se concentraba en muy pocas manos. Según el economista francés Thomas Pikkety, el 1% más rico de Colombia acaparó el 20% de los ingresos de la nación entre 1990 y 2010.
Por otro lado, los rebeldes operaban en zonas rurales periféricas donde sólo afectaban a un segmento de la élite: los grandes ganaderos y la agroindustria.
El aumento de los costes provoca el cambio: 2000-2011
La erosión del «cómodo impasse» fue impulsada por dos acontecimientos.
En primer lugar, y lo más importante, en el año 2000 Estados Unidos decidió intervenir directamente en la guerra civil de Colombia a través del Plan Colombia, una iniciativa concebida al final de la administración Clinton para combatir tanto la insurgencia de izquierdas como los cárteles de la droga. En los años transcurridos, Estados Unidos gastó más de 8.000 millones de dólares en el plan y envió un número indeterminado de asesores a Colombia. (El Plan Colombia sigue en vigor, pero el importe de la ayuda militar se redujo a 280 millones de dólares en 2015).
El otro «cambio de juego» fue la creación, en 1997, de un ejército irregular de más de 20.000 soldados paramilitares. Estas milicias fueron financiadas por narcotraficantes, ganaderos, grupos agroindustriales, élites locales y, por último, empresas multinacionales.
Los paramilitares de derecha llevaron a cabo una estrategia típica de contrainsurgencia, de «tierra quemada», expulsando a la gente de sus hogares, cometiendo innumerables masacres, destruyendo cultivos y fuentes de sustento que pudieran ser útiles para la guerrilla.
Estos dos factores alteraron la dinámica del conflicto, aumentando su intensidad, alcance y magnitud. El número de víctimas mortales relacionadas con el combate aumentó considerablemente, al igual que el número de personas desplazadas de sus hogares.
Más del 70% de los cinco millones de personas que se quedaron sin hogar durante la guerra civil fueron desarraigados durante este periodo.
Ambos acontecimientos fortalecieron al Estado colombiano, pero la insurgencia estuvo lejos de ser derrotada.
Las FARC y su aliado más pequeño, el Ejército Marxista de Liberación Nacional (ELN), adaptaron nuevas tácticas para eludir a su enemigo, que utilizaba cada vez más el poder aéreo y la vigilancia con el apoyo del ejército estadounidense. Los insurgentes redistribuyeron sus fuerzas para crear unidades tácticas más pequeñas, móviles y flexibles. Utilizaron más tiradores y minas terrestres. Como resultado, la proporción de muertes relacionadas con el combate entre los militares colombianos y los insurgentes también cambió. En 2002, por cada muerte en combate causada por las FARC, había 2,41 causadas por los militares colombianos. En 2010 esa proporción se había reducido a 1 a 1,3.
La guerra civil se movía hacia un nuevo punto de equilibrio que daba paso a un nuevo y menos cómodo estancamiento.
Nuevos costes y nuevas opciones
En 2012 Simón Gaviria, presidente del Partido Liberal, aliado cercano del actual presidente Juan Manuel Santos, presentó resultados que estimaban que los costos de la guerra durante la década anterior habían alcanzado la astronómica cifra de 206 mil millones de pesos colombianos (o 108 mil millones de dólares).
Esta cifra se presentó como parte fundamental de la justificación de la iniciativa de paz lanzada por Santos ese mismo año.
También fue un indicador crítico de un consenso emergente dentro de un sector de la burguesía urbana colombiana de que la fuerte inversión y el esfuerzo militar de la última década habían llegado a un punto de rendimiento decreciente. La fuerte implicación de EE.UU. había debilitado, pero no derrotado, a la insurgencia. La insurgencia pudo ajustarse y aumentar su profundidad estratégica fuera de Colombia, en Venezuela y Ecuador.
Lo que también estaba claro era que la economía colombiana no podía sostener los crecientes costes del conflicto armado durante un período indefinido.
En 2014, su ejército contaba con 500.000 efectivos (incluida la policía), la mayor fuerza de América Latina. Pero el coste del armamento y de las operaciones se ve empequeñecido por el de las pensiones, las prestaciones sanitarias y los salarios.
El argumento de Gaviria era que si se permitía que la guerra se prolongara durante otra década, los costes podrían ascender a otros 108.000 millones de dólares. Había llegado el momento de tantear el terreno para las negociaciones con las FARC. Esta prueba se vio facilitada por la mejora de las relaciones de Colombia con el enfermo líder venezolano Hugo Chávez. Tras su elección, Santos se acercó a Chávez, quien a su vez se puso en contacto con las FARC. Las reuniones secretas se convirtieron en una primera negociación formal en Noruega en 2012 y luego en 30 rondas de conversaciones en La Habana.
¿Y qué hay de la otra parte en la mesa? ¿Qué llevó a las FARC a aceptar negociar?
Un factor clave que fue decisivo fue Hugo Chávez. El éxito de Chávez en Venezuela, junto con la aparición de regímenes políticos progresistas en Ecuador, Bolivia y Uruguay, convenció a las FARC de que el cambio es posible a través de las urnas y no de las balas. Irónicamente, las FARC no tenían las mismas preocupaciones económicas que el gobierno colombiano, gracias, entre otras cosas, a que extraían el dinero de la protección de los narcotraficantes junto con la extracción de oro y otros recursos. Ahora ese dinero se utilizará para lanzar su movimiento político.
Con las perspectivas de una paz duradera a la vuelta de la esquina, el panorama económico cambia. Lo más importante, en mi opinión, es que Colombia podrá reducir su presupuesto militar y destinar el dinero ahorrado a una estrategia de desarrollo más útil que pueda ayudar a consolidar la paz.
