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La Corte Constitucional de Colombia ha fallado en contra de un controvertido vacío legal que permitía la explotación de petróleo, gas y minería en los páramos del país, ecosistemas de gran altitud. Los páramos colombianos son los más extensos del planeta y abastecen de agua a más del 70% de la población del país, según el Instituto Alexander von Humboldt, con sede en Bogotá.
El vacío legal está en una ley de junio de 2015 que implementa el «Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018» de Colombia. La ley prohíbe las «actividades agropecuarias» y la «exploración o explotación de recursos naturales no renovables», así como la «construcción de refinerías de petróleo y gas», en los páramos, pero a continuación establece que las operaciones mineras que tengan contratos y licencias ambientales anteriores al 9 de febrero de 2010, o las operaciones de petróleo y gas con contratos y licencias anteriores al 16 de junio de 2011, están exentas.
Esto fue impugnado por cuatro congresistas, tres abogados y 12 representantes de una coalición llamada Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, quienes argumentaron que el vacío legal viola los derechos al medio ambiente, al agua y al patrimonio de Colombia debido a los impactos que las operaciones de petróleo, gas y minería tendrían sobre la vegetación, el suelo, el subsuelo y el agua de los páramos. El 8 de febrero, el fallo de la Corte, que se hizo público el jueves, consideró «inconstitucionales» -o «inexequibles» en español colombiano- tres párrafos relacionados con el vacío legal de la ley de junio de 2015.
«Los ecosistemas de páramo existen en muy pocos lugares del mundo y Colombia tiene el privilegio de ser el país que tiene el mayor número de páramos a nivel mundial», dijo a The Guardian el senador Alberto Castillo, uno de los demandantes, «por eso creemos que la prohibición absoluta de extracción de recursos naturales que tenemos ahora en Colombia es de gran magnitud y debería encantar al mundo».
«Es un fallo que hará historia», dice el senador Iván Cepeda, otro demandante. «La Corte fue más allá de lo que esperábamos, sin duda. [La explotación minera y de gas y petróleo en los páramos] es un grave abuso contra los recursos naturales, especialmente el derecho fundamental al agua.»
«El fallo de la Corte es un gran avance en materia ambiental», dijo a The Guardian Viviana Tacha, otra demandante y asesora del senador Castillo. «Sin duda, es una victoria para todo el país y para las comunidades que se resisten a la imposición de un modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos naturales que no tiene en cuenta el medio ambiente y la población local. Dada la preocupación mundial por el cambio climático, la protección de los páramos por parte del tribunal es una de las decisiones recientes más importantes en materia medioambiental.»
Según un comunicado del tribunal emitido el 8 de febrero, los tres párrafos infractores «ignoran el deber constitucional de proteger las zonas de especial importancia ecológica [y] ponen en riesgo los derechos fundamentales de toda la población a acceder a agua de buena calidad».
Según el comunicado, el tribunal llegó a su decisión tras «analizar la facultad del Estado de intervenir en la economía y su deber de proteger las zonas de especial importancia ecológica, poniéndolos en relación con la libertad económica y los derechos de los particulares a explotar los recursos del Estado». Concluyó que, en este caso, lo primero prevalece sobre lo segundo por tres razones 1) la actual desprotección de los páramos; 2) el «papel fundamental» que desempeñan los páramos en la regulación del ciclo del agua potable del país y en el suministro de agua barata y de calidad al 70% de la población; y 3) la especial vulnerabilidad de los páramos por su «relativo aislamiento», sus bajas temperaturas y sus bajos niveles de oxígeno.
Carlos Lozano-Acosta, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), dijo a The Guardian que la decisión del tribunal es «histórica» y da un ejemplo a otros países de la región andina donde hay páramos. «Los páramos [en Colombia] son vitales porque son fuente de agua potable para el 70% de los colombianos, reservas estratégicas de biodiversidad y secuestradores de carbono», dice. «El tribunal reconoció todo eso en la sentencia».
Un ‘amicus brief’ enviado a la corte y escrito por Lozano-Acosta junto con la ONG Asociación Ambiente y Sociedad (AAS), con sede en Bogotá, argumentó que el vacío legal contradice la Constitución de Colombia, el derecho internacional del medio ambiente y los tratados internacionales firmados por Colombia, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención de Ramsar.
La ONG Dejusticia, también con sede en Bogotá, es otra de las organizaciones de la sociedad civil que envió un ‘amicus curiae’ a la Corte, calificando los tres párrafos cruciales como una «regresión injustificada» porque las operaciones de minería, petróleo y gas en los páramos ya habían sido prohibidas en 2010 y 2011. «Antes de la ley [de junio de 2015], estas actividades estaban prohibidas», afirmó la ONG en una entrevista en el diario colombiano El Espectador. «Esto significa que el actual Plan Nacional de Desarrollo es un retroceso en la protección de los páramos».
Ese «retroceso» fue reconocido por el tribunal en su fallo, que calificó los párrafos infractores como «el restablecimiento de la posibilidad» de las operaciones petroleras, gasíferas y mineras en los páramos a pesar de estar «prohibidas por las leyes 1382 de 2010 y 1450 de 2011.»
«Los páramos son ecosistemas clave y fuentes de agua que no están suficientemente protegidos», dijo Diana Rodríguez, de Dejusticia, a The Guardian. «Estamos encantados de que la Corte se haya pronunciado por su protección inmediata y haya enviado un mensaje de que el desarrollo económico no puede sacrificar el respeto al medio ambiente.»
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No está claro qué impacto podría tener o tendrá el fallo del tribunal. ¿Cuántas operaciones petroleras, gasíferas o mineras se verán afectadas? En su entrevista con El Espectador, Dejusticia afirmó que la Agencia Nacional de Minería (ANM) cree que se han emitido aproximadamente 500 títulos mineros que cubren más de 140.000 hectáreas de los páramos, mientras que el senador Castillo dijo a The Guardian que la ANM afirma que actualmente hay 448 títulos mineros en los páramos, 347 de los cuales tienen licencias ambientales.
«Teniendo en cuenta que se trata de información oficial, que el propio tribunal reconoció, otras fuentes no tienen fundamento para hablar de números menores», dice Castillo. «Las tres empresas que más títulos mineros tienen en los páramos son AngloGold Ashanti Colombia S.A., Eco Oro Minerales Corp y Leytah Colombia».
El senador Cepeda dijo a The Guardian que los 448 títulos mineros incluyen 26 de los 32 páramos de Colombia y se extienden por más de 118.000 hectáreas, «más de 11.000 de las cuales están [también] afectadas por cuatro proyectos de petróleo y gas».
Según un medio de comunicación, el ministro de Medio Ambiente, Gabriel Vallejo, ha dicho que pedirá una aclaración al tribunal y cree que «otras fuentes» dicen que podrían estar afectados hasta 522 títulos. «Hay estimaciones muy diferentes sobre el número de títulos y aún más confusión relacionada con cuántos tienen licencia ambiental», dice Rodríguez, de Dejusticia. «De hecho, algunas empresas mineras no esperaron el fallo completo [de la Corte] [y] ya anunciaron que renunciarán a sus concesiones mineras en los páramos».
Otra cuestión es hasta dónde se extienden los páramos de Colombia. Aunque el fallo de la corte cita una publicación del Instituto Humboldt de 2011 que afirma que hay 1,9 millones de hectáreas en Colombia, Carlos Sarmiento de Humboldt dijo a The Guardian que su estimación actual es de 2,9 millones de hectáreas, el 2,5% del territorio nacional. Esa cifra de 2,9 millones también la utiliza el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Pero, ¿qué pasa si el gobierno no está de acuerdo con que ciertas áreas sean realmente páramos, y permite que las operaciones de petróleo, gas o minería se lleven a cabo allí de todos modos?
Como reconoce la sentencia, el párrafo inmediatamente anterior a los tres párrafos infractores de la ley de junio de 2015 establece que, en última instancia, es el Ministerio de Medio Ambiente el que, según sus propios «criterios técnicos, ambientales, sociales y económicos», es responsable de «delimitar» los páramos. Y ese párrafo no fue cuestionado por los demandantes.
«La decisión del tribunal podría resultar ineficaz dado que esa parte del artículo 174 no fue parte de la demanda y el Congreso le ha dado al Ministerio del Medio Ambiente la función de delimitar los páramos, y al hacerlo el Ministerio no está sujeto a los criterios científicos establecidos por el Instituto Alexander von Humboldt», dictaminó el tribunal. «Sería posible que el Ministerio no delimitara los páramos, o que excluyera de la delimitación, determinadas zonas en las que se están llevando a cabo o se van a llevar a cabo operaciones mineras o de hidrocarburos. Eso anularía [nuestra] decisión porque tales operaciones podrían tener lugar en áreas que han sido clasificadas científicamente como páramos, pero que el Ministerio ha excluido.»
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Lozano-Acosta, de AIDA, dice que ese riesgo existe «sin duda».
«Pero el tribunal también dijo que el gobierno no debe ignorar las recomendaciones técnicas del Instituto Humboldt», dijo a The Guardian.
Para el senador Castillo, ese riesgo sólo existe «si el Ministerio no lee atentamente la sentencia del tribunal o no quiere cumplirla».
«En palabras del tribunal, la delimitación debe asegurar el máximo grado de protección», dice Castillo. «Esto es absolutamente crucial dado que lo que el gobierno quiere hacer es reducir al máximo la extensión de los páramos a través de un proceso de delimitación muy restringido y así allanar el camino para la explotación». La disputa continuará en la delimitación de cada páramo, pero nosotros seguiremos en su defensa y la sentencia de la Corte nos da muchas herramientas para hacerlo.»
Según el senador Cepeda, el fallo de la corte llevará a una «profunda discusión sobre cómo se delimitan los páramos». Dijo a The Guardian que los demandantes, junto con las organizaciones ambientales y otras, tienen la intención de asegurar que el gobierno acate el fallo de la corte y «buscará la suspensión de más de 400 títulos mineros.»
Margarita Florez, de AAS, dice que el fallo del tribunal no puede ser apelado. «La decisión es una sentencia constitucional y por lo tanto es vinculante para el gobierno y debe ser cumplida», dijo a The Guardian. «No hay forma de recurrirla».
La sentencia del tribunal cita varias definiciones de páramos, incluyendo «las regiones más altas y expuestas de las cordilleras andinas tropicales» y «las montañas neotropicales entre el límite superior de la vegetación forestal (3.200-3.800 msnm) y el límite inferior de las nieves perpetuas (4.400-4.700 msnm) en los sistemas andinos». Cita al Instituto Humboldt describiéndolos como «sitios clave que «cosechan» el agua de lluvia y de nieve almacenada en lagos glaciares, ciénagas, pantanos y suelos de turba» que son «retenidos por un período relativamente largo de tiempo y liberados constante y lentamente».
